Arrancó a
fines del año pasado y ya superado la mitad del 2023 sigue sin decaer la
violencia desatada en Perú luego del golpe institucional perpetrado contra el
ex presidente Castillo. La presidenta Dina Boularte sigue en su cargo pese a
las fuertes protestas que piden su renuncia.
El reclamo no es solo contra la
Presidenta, también se reclama la renuncia de los legisladores que son parte
del problema. Gran parte de la inestabilidad política es fruto de las decisiones,
o la falta de ellas, que se produjeron en la sede del Parlamento.
Lo cierto es que no se avanza en
la convocatoria a elecciones para reemplazar a Castillo. Boularte se aferra a
su cargo y es sostenida por las fuerzas de seguridad que reprimieron todas las
protestas que se produjeron, ocasionando más de 50 muertos.
Durante el mes de julio
siguieron las protestas pese a que las autoridades prometen reprimir cualquier
desborde. Por lo visto, el derecho a la protesta y a peticionar ante las
autoridades no es considerado un derecho constitucional por las actuales
autoridades.
Lo cierto es que no se avizora
una salida a la realidad peruana. La violencia es la única autoridad política y
no hay estamento social que proponga una salida que sea aceptada por todos los
actores sociales. La situación se encuentra estancada y sin posibilidades de
solución inmediata.
