Si bien el llamado a elecciones y el establecimiento de Evo
Morales en la Argentina, parece mostrar un escenario de estabilidad en Bolivia,
esta calma es más aparente que real y encubre, muy posiblemente, el armado de
una arquitectura electoral que logre legalizar el golpe de estado perpetrado en
el Altiplano.
Es que
el gobierno de facto no cesa en su persecución contra Evo Morales, sobre quien
pesa un pedido de captura internacional, que busca limitar los movimientos del
Presidente boliviano, limitando sus posibilidades de viajes y reuniones con sus
propios partidarios. Evo Morales es el jefe de campaña de su partido, y si bien
ya aceptó que no puede presentarse como candidato, el armado de la campaña
demanda una actividad que buscar ser hostilizada por la presidenta de facto.
Pero la persecución no está enfocada solamente
contra el mandatario depuesto. Radios que pertenecían a las comunidades
rebeldes han sido cerradas y los militantes del Mas son reprimidos y
perseguidos por las fuerzas de seguridad. Estas medidas saldan el debate sobre
la legitimidad del nuevo gobierno: sus procedimientos son los de una dictadura
que se instaló en el poder luego de un golpe de estado.
La
convocatoria a elecciones para mediados de este año, logró maquillar, en parte,
la imagen de este gobierno. En esta línea, las autoridades debieron aceptar un
proyecto de ley propuesto por la oposición, para garantizar la vigencia de los
derechos humanos, una ley que parece llegar tarde y que no garantiza nada, en
manos de un gobierno represor.
Solamente
la unidad del campo popular puede revertir esta situación. No sólo deberán
votar todos a una fórmula de unidad, sino que deberán hacer un gran esfuerzo de
fiscalización, para que no se instale, mediante el fraude, un gobierno que legitime
el golpe de Estado.
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